Por Francisco Olaso
BERLÍN, 15 de mayo (apro).- El deseo creciente del Estado y las empresas alemanas por captar, almacenar, usar e incluso vender los datos personales de los ciudadanos, ha motivado una inusual advertencia pública del juez más importante del país.
Hans Jürgen Papier, presidente del Tribunal Constitucional Federal, máxima instancia de la justicia germana, alertó sobre la posibilidad de que se produzca una catástrofe de dimensiones imprevisibles en torno de la protección de datos personales.
En declaraciones realizadas al periódico Bild Zeitung, el pasado 3 de mayo, el juez Papier sostuvo que el derecho básico a la protección de datos personales está sometido a amenazas desde los sectores público y privado.
Advirtió que si el Estado incumple su obligación constitucional de velar por una adecuada protección de los datos personales de sus ciudadanos, se cierne la amenaza de una catástrofe de dimensiones imprevisibles, debido a las posibilidades que ofrece la técnica moderna y al grado de interrelación existente en todo el mundo. Y comparó el peligro en torno de la desprotección de datos personales con un accidente en un reactor nuclear.
“El juez que hace temblar a nuestro gobierno”, título que el diario dio a la entrevista, puede sonar un poco exagerado. Lo cierto es que casi todas las leyes importantes pasan por la revisión final del Tribunal Constitucional Federal. Sus jueces no pueden ser relevados. Sus fallos son inapelables.
Repetidas veces, el tribunal supremo le ha torcido el brazo a los intentos gubernamentales que pretenden recortar las libertades individuales, en aras de la lucha contra el terrorismo.
La insuficiente protección de los datos personales también ha sido motivo de diversos fallos en los últimos años. La lista de escándalos recientes vinculados a este tema es larga y frondosa. En 2005 involucró a miembros del servicio secreto federal BND en el espionaje a periodistas. Alcanzó también a altos directivos de grandes consorcios, tales como la empresa telefónica Deutsche Telekom, en junio de 2008.
Y más recientemente ha salpicado a la compañía de ferrocarriles alemanes, Deutsche Bahn, donde se espió a cientos de miles de empleados, a sindicalistas e incluso a otros miembros del consejo de dirección. Ciudadanos, clientes y consumidores no corren mejor suerte. La información personal que los consorcios y bancos acumulan sobre sus clientes suele ser vendida a otras empresas con fines de marketing publicitario.
La motivación que mueve a la economía privada a recolectar datos personales de sus clientes es explicada de manera concisa por Thilo Weichert, director del Centro Independiente para la Protección de Datos Personales de la ciudad de Kiel.
“En este sector se trata sólo de una cosa: ganar dinero. Los datos relacionados con las personas tienen hoy en día un valor de mercado, y se intenta obtener este valor en dinero”, dice Weichert a Apro.
La acumulación de datos personales permite confeccionar el perfil de consumidor de un inmenso número de ciudadanos. El marketing se ajusta al perfil del cliente. Cuanto mayor es la información que las empresas tienen de los consumidores, más alta es la probabilidad de hacerles llegar ofertas personalizadas –sobre todo a través de internet– y de concretar las ventas.
“Desde la esfera oficial, se trata de la lucha contra el terrorismo, pero también se quiere lograr un mayor control social”, comenta Christian Thorun, especialista de la Central Federal de Consumidores (VZBV, según sus siglas en alemán).
Desde comienzos de este año rige una ley federal que faculta a la Policía de Investigaciones para intervenir correos electrónicos, comunicaciones telefónicas e instalar dispositivos de video o audio en viviendas privadas.
“La privacidad del ciudadano, núcleo de su libertad, es cada vez más restringida por el gobierno de la Gran Coalición”, ha dicho la exministra de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.
En declaraciones al diario berlinés Tagesspiegel, el pasado domingo 3, la política del Partido Liberal (FDP, según sus siglas en alemán) habló de un “dramático recorte de derechos ciudadanos”.
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“El peligro no proviene tanto por la acción del Estado sino la de las empresas privadas”, sostiene Thorun, y advierte que “los datos que éstas recogen sobre los consumidores, a través de tarjetas de cliente, en internet o en redes sociales, cobran poco a poco dimensiones que superan largamente lo que George Orwell escribió en su libro 1984.”
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